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En los últimos años, bancos y cajas, con la complicidad de la administración, han practicado la concesión indiscriminada de créditos hipotecarios. El alquiler era escaso y caro, y sin embargo todo eran facilidades para hipotecarse. En muchos casos se financió hasta el 120\% del valor de la viviendas, con cuotas a 40 o hasta 50 años, cláusulas de difícil comprensión o directamente abusiva ...s como la cláusula suelo, avales cruzados... Estos elementos, entre otros, constituyen claros indicios de fraude y estafa generalizada.

Ahora, con el estallido de la crisis y el aumento del paro, miles de familias han llegado a una situación límite y ya no pueden continuar pagando la hipoteca. Cuando esto ocurre, descubren que no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: el banco interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que concluye con la subasta del inmueble.

En el contexto de crisis en el que nos encontramos, las subastas quedan desiertas. En ese caso, con la ley vigente, la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50\% del valor de tasación y continúa reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y las costas judiciales, a la persona en situación de insolvencia, mediante embargos de nómina, embargos a avalistas, etc. Esta situación no es anecdótica: según datos del Consejo General del Poder Judicial, afecta a más de 350.000 familias que entre 2008 y 2010 se quedarán en la calle y con una deuda de cien, doscientos y hasta trescientos mil euros.

Es inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias de nuestros impuestos sin tener que asumir ninguna responsabilidad.
Por todo ello la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige que el Gobierno apruebe una regulación de urgencia de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como sucede en otros países de la UE o en EEUU.